Organizaciones sociales, partidos y gobiernos

La Habana. Por Manolo Pichardo*/PL | 17 febrero de 2017

En los últimos años los movimientos sociales han experimentado un auge parecido al que se produjo en los años 60 cuando en los Estados Unidos de Norteamérica estallaron las oleadas de protestas por reivindicaciones que procuraban el respeto a los derechos civiles estatuidos en la constitución del país, de la que no disfrutaban las minorías, como los negros, judíos u otras que no encajaban en el tipo de sociedad protestante y anglo-descendiente que había configurado la clase dominante o gobernante desde el acto de independencia.

La génesis de este movimiento reivindicativo y pacífico, la encontramos en la rebelión de Rosa Parks, cuando en diciembre de 1955 se negó a levantarse del asiento de un autobús del transporte público de pasajeros, para que un ciudadano blanco lo ocupara como era costumbre en el Sur. Sabemos que esta acción le valió una sentencia por conducta desordenada y violar una ley local.

La indignación que produjo este hecho provocó que los afrodescendientes tomaran la decisión de boicotear los servicios de los autobuses públicos de pasajeros, acción que se extendió por 381 días, hasta que las autoridades de Montgomery se vieron obligadas a abolir la humillante ley de segregación entre blancos y negros para el tema del transporte en los autobuses.

Este movimiento que libró sus primeras luchas en el plano judicial sin éxito, fue llevado a las calles con acciones de masas que se extendieron hasta el asesinato de Martín Luther King, hecho que estremeció no solo a los Estados Unidos, sino a todo el mundo, y dio inicio a mayores niveles de tolerancia que, sin embargo, no terminan con el sentimiento racista que se anida en sectores de aquella sociedad, los que para estos días renuevan sus odios desatando una cacería de negros desarmados por todo el territorio estadounidense.

Traigo a cuento este episodio de la historia de los Estados Unidos para decir que los partidos políticos que se han alternado el poder en ese país desde la declaración de la independencia, me refiero obviamente al Republicano y al Demócrata, no fueron capaces de garantizar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos como lo ha establecido la Constitución, lo que dejó al desamparo a las minorías, sobre todo a la negra, y ello provocó que los sectores desprotegidos de la sociedad recurrieran a movimientos reivindicativos para que el Estado modificara su conducta frente a ellos e inscribiera sus acciones en el marco de la legalidad establecida en el contrato social firmado por los llamados padres fundadores.

Es cierto que los movimientos sociales aparecieron antes que las formaciones políticas tal como las conocemos hoy día, y que el surgimiento de éstos, que en su mayoría inician de forma espontánea ante dificultades de coyunturas históricas, pero a raíz de la conformación de los partidos como entidades con presencia nacional, una ideología, permanencia en el tiempo, programas de gobierno concebidos para aplicarlos tras la conquista del poder político que le lleve a la administración del gobierno del Estado, los movimientos reaparecen con demandas concretas ante la ausencia de representación en los partidos.

Los movimientos no procuran dirigir los destinos de un país a través de los gobiernos, lo que buscan es lograr algún nivel de influencia para favorecer a los sectores de la sociedad que representan; así, por ejemplo, los movimientos ecologistas gestionan que los gobiernos apliquen políticas públicas que vayan en beneficio del medio ambiente. Y lo hacen porque el partido que ejerce el poder, aunque lo haya establecido en su programa de gobierno como forma de agenciarse el apoyo de esos sectores, no lo pone en ejecución, porque sus prioridades están centradas en otros asuntos o porque choca con intereses que representa.

Los partidos, limitados al ámbito nacional, tienen una amplia gama de temas en su plataforma programática, como necesite el Estado para funcionar adecuadamente. De esta forma definen políticas económicas, educativas, de transporte, internacionales, medioambientales, laborales, comerciales, monetarias; en fin, nada puede quedar fuera de su responsabilidad ante el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que conforman un país, pero además tienen que ser parte de un plan de desarrollo colectivo.

Los movimientos sociales, en cambio, aunque operan también en un territorio determinado, pueden traspasar las fronteras nacionales para reclamar derechos puntuales en redes que, con sentido identitario, se crean para ejercer mayor presión frente a uno o varios gobiernos. En este escenario entran en juego las redes sociales que comunican y convocan muchas veces con más eficiencia que los partidos políticos.

Los movimientos sociales pueden ser progresistas o conservadores y además multipartidistas, pues resulta que no importa el partido al que pertenezcan sus miembros, lo que los hace converger es el tema que sirvió para la conformación de la entidad. Dicho de otra manera: si una parte de los militantes del Partido Verde, el Partido Rojo y el Partido Morado creen que se violan los derechos de los LGTBI en el país donde operan, se asociarían al movimiento que defiende los derechos de este grupo de la sociedad porque desde esta plataforma refuerzan las posiciones en sus partidos y presionan al gobierno.

Pudiera ocurrir, como de hecho ha ocurrido, que movimientos sociales que demandan reivindicaciones puntuales, se asocien con otros que exigen derechos de naturaleza diferente, y así, con el fomento de amplias alianzas entre, por ejemplo, movimientos campesinos, de trabajadores, de mujeres que luchan por la igualdad de derecho y participación, además de muchos otros, terminen convirtiéndose en organizaciones de carácter político que se ponen como meta alcanzar el gobierno para desde allí convertir sus demandas en políticas públicas.

En el sistema democrático occidental, o la denominada democracia burguesa, los partidos, aunque no están en el gobierno, ayudan a gobernar o a generar ingobernabilidad; la oposición, a veces vigila, presiona, exige, propone y hace más eficaces sus demandas cuando se alía con movimientos sociales, porque resulta que muchos de los movimientos sociales tienen alianzas permanentes con formaciones políticas que se acercan a las demandas que les dan sentido a sus actividades.

A raíz de la caída del muro berlinés y la implementación de las políticas del Consenso de Washington, combinación que dejó sin referente ideológico a los partidos de izquierda y profundizó las desigualdades en nuestra región, los movimientos sociales pasaron a jugar un papel fundamental ante el vacío dejado por estas formaciones políticas desarticuladas, dispersas y hundidas en oscuridades existenciales que en muchos casos las aniquilaron.

Las tenues palpitaciones progresistas que se mantuvieron durante la ola conservadora que arropó el continente durante el apogeo neoliberal, fueron posibles por la terquedad ideológica de pocos, y el apoyo de los movimientos sociales que mantuvieron a raya a gobiernos que despreciaban a la gente y privilegiaban a los mercados como fuerzas que debían definir la vida y el futuro de los pueblos.

Tras la ola conservadora, las palpitaciones que mantuvieron vivo al progresismo en nuestra región, fueron creciendo hasta restaurar a las fuerzas de izquierda, que con un discurso potente, comenzó a llegar a los corazones del pueblo, maltrecho por la profundización de las desigualdades y el creciente estado de pobreza.

Este discurso llevó al pueblo a los gobiernos, porque su inclusión lo comenzó a hacer parte de la construcción de un estado de bienestar expresado en una extraordinaria mejoría de sus condiciones materiales de existencia, como producto de la implementación de políticas públicas encaminadas a repartir las riquezas con mayores niveles de justicia.

Los recursos naturales, que desde el inicio de la conquista eran explotados por potencias extranjeras, comenzaron a ser propiedad de los pueblos donde gobernaban y gobiernan los partidos progresistas y con ellos se financiaron y financian las políticas sociales que han venido a beneficiar a las mayorías en la construcción de sociedades menos desiguales.

Pero las fuerzas conservadoras, orientadas bajo las directrices del Plan Atlanta, urdimbre que definió implementar una campaña mediática para desacreditar a los líderes progresistas de la región como antesala de un proceso de judicialización de la política que los llevara a la cárcel, tras destituciones mediante golpes judiciales y parlamentarios; todo para sacar del poder, por vías no electorales a los presidentes progresistas.

La conspiración, en marcha, busca barrer con todos los gobiernos progresistas de nuestra región, lo que representa una oportunidad para que los movimientos sociales que se sienten identificados con los gobiernos progresistas se activen en alianzas con los partidos de nuestras izquierdas para defender lo que han construido los pueblos desde el ejercicio democrático del voto.

Detener la restauración conservadora, con su ola de desmonte de reformas que han venido a establecer Estados más democráticos, garantistas e incluyentes; Estados forjadores de ciudadanía, de crecimiento con desarrollo, debe pasar por los partidos políticos y los movimientos que han venido apostando por la transformación de Latinoamérica, desde las trincheras que exigían y luchaban por la salida de los regímenes de fuerza y la soberanía de cada uno de nuestros pueblos.

El esfuerzo conservador para restaurar sus políticas, es un camino antidialético que no prosperará si las fuerzas sociales que avanzan con sentido de la historia caminan en la dirección de preservar las conquistas de los pueblos o recuperarlas allí donde se hayan perdido.

* Presidente de la COPPPAL y colaborador de Prensa Latina.

 

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